Preocupaciones e incertidumbres ante la nueva Ley de FP

Información Radio

—————————

[Noticias – Artículos]

[Lunes-21Junio-2021]

—————————

Preocupaciones e incertidumbres ante la nueva Ley de FP

CGT plantea su oposición al anteproyecto de ley de FP: privatiza más del 25% de sus contenidos y establece que personal privado ponga notas en el servicio público.

El gobierno presenta un anteproyecto de ley orgánica de FP que privatiza el 25% de toda la FP, llegando al 50% en muchos casos.

La nueva Ley de Formación Profesional, que el ejecutivo pretende aprobar, nos preocupa y nos genera incertidumbres en torno a la idea de que la empresa tome un papel central y esencial en la formación del alumnado, en tanto en cuanto se incrementa y se hace obligatoria la estancia del alumnado en la empresa desde un 25% a un 50% de la duración total de la formación, otorgándoles a las empresas la potestad para impartir y evaluar hasta un 40% de los módulos profesionales del currículo.

Desde la Federación de Enseñanza de CGT Andalucía (FASE), hemos realizado una estimación de lo que significa esa privatización en Andalucía si se aplicara el 25% de dualidad según la oferta de plazas de FP del curso 2020/2021. Los datos son escalofriantes:

Proyección de Recortes en Formación Profesional andaluza según el anteproyecto de Ley aprobado en el consejo de ministros

Profesorado FP de centros públicos andaluces que perderían su puesto de trabajo 2750 docentes menos
Presupuesto anual que educación deja de invertir en personal 99000000 euros recortados

Casualmente el porcentaje de dual, coincide casi idénticamente con el porcentaje de interinidad, que se concreta en una sustitución de profesorado interino de la pública por trabajadores/as de la empresa privada que hacen de formadores. Negocio redondo con el despido masivo de docentes temporales públicos por la vía de las reformas estructurales.

Pensar en el impacto que tiene a nivel estatal da una idea del tipo de negociación con las patronales de los sectores económicos y de la formación en particular, por el número de centros que ahora podrán aliarse con dichos sectores para montar las aulas de ese 25% de dualidad.

Manifestamos también nuestro temor al posible recorte de oferta de plazas y titulaciones de FP. Mucho nos tememos que dicha oferta de plazas vendrá dada por la que hagan las empresas privadas de los distintos sectores. O bien que hagan caja de concertación de puestos escolares de FP que les permita tener cubiertas sus necesidades de plantilla al mismo tiempo que dispondrán de un ejército de desempleados para mantener las reivindicaciones bajo el control de la competencia entre estudiantes.

Por todo lo anterior, solo cabe manifestar nuestro más enérgico rechazo a esta propuesta que hace de la educación y la formación un negocio que privatizar con las políticas más neoliberales que podríamos imaginar de la mano de este gobierno de PSOE-UP. Casualmente, no se diferencian del gobierno de PP y Cs con el apoyo de VOX en Andalucía, que tenía como una de sus 100 medidas estrella para el cambio en Andalucía el impulso de la FP Dual. Les han pasado por delante, demostrando que cuando llega la hora de la verdad, en políticas económicas y privatizadoras van todos de la mano. No es casualidad que se haya aprobado este anteproyecto de ley el día antes de que la presidenta de la UE, Úrsula Von der Leyen diera el visto bueno a los fondos de la #NextGeneration. Son recortes y reformas de servicios públicos al servicio de un rescate no declarado y de unas políticas que sólo benefician al interés privado contra el bien común.

Ante este panorama desolador para la educación y la formación profesional públicas, desde CGT denunciamos este anteproyeto de ley porque:

  • Supone poner la formación profesional al servicio de los intereses privados de las empresas y no de las necesidades del alumnado o de la sociedad en su conjunto, siendo la formación profesional un servicio público que debiera velar por el interés general.
  • Se elimina la vocación social, formativa y educativa de la formación profesional, dejándola sólo con la perspectiva economicista y productivista.
  • Creará falsas expectativas de inserción laboral como si el modelo dual pudiera resolver los problemas estructurales de desempleo juvenil. ¿No fomenta la falsa creencia de que los problemas de empleo se resuelven solamente con formación profesional?
  • Las empresas persiguen su beneficio privado, no la docencia, y por tanto no serán objetivas a la hora de evaluar los contenidos curriculares de los diferentes módulos de Formación Profesional: responderán a sus intereses de contratación. ¿Dónde quedan el valor, la formación académica y la función del profesorado del sistema educativo?
  • Este nuevo modelo implicará una desinversión en los centros educativos, con disminución de equipamientos y recursos bajo la excusa de que estos ya se encuentran en las empresas.
  • Genera un cambio en la misión de los centros educativos en aras del fomento de la competitividad del propio alumnado por “su puesto formativo y su empleabilidad”, relegando a un segundo plano la función educativa de los mismos y el carácter igualador de oportunidades de la educación.

¿Cómo se va a realizar la integración de nuevos docentes?

Asimismo, la nueva ley establece un modelo de FP de reconocimiento y de acreditación de competencias basado en itinerarios formativos y estructurado en cinco grados ascendentes, incluyendo como docentes de Formación Profesional al profesorado y al personal formador que prestan servicios en centros o entidades no pertenecientes al sistema educativo.

Desde CGT, nos preguntamos:

  • ¿Cómo se contempla la integración de este nuevo profesorado en el sistema educativo?
  • ¿Se creará un nuevo cuerpo docente? ¿Cuáles serán los requisitos de acceso? ¿Son homologables a los otros cuerpos de profesorado como el de Secundaria o el nuevo cuerpo de profesorado especialista de FP?

¿Dónde queda el derecho al trabajo en esta ley orgánica de Formación Profesional?

Por último, este gobierno se olvida del derecho al trabajo, y sólo se fija en la iniciativa privada para la creación de empleo. Se olvida de las políticas de pleno empleo que deberían articularse para el desarrollo del artículo 40.1: “1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.” Además, vuelca todo en la individualidad y la empleabilidad, término que les encanta a los abanderados neoliberales para hacer responsables del desempleo a los millones que componen el desempleo estructural.

  • ¿Cuántas plazas de FP van a articularse como parte del sistema productivo que faciliten tener y aumentar las plazas reales de una FP que garantice esa formación y empleo de toda la población como ejercicio del derecho al trabajo y la formación?
  • ¿No se está planificando la escasez de puestos de trabajo para sólo formar lo que necesite el “mercado laboral”, sustituyendo la lógica del servicio público universal?

Nadia Bouadi Barco

Secretaría de Comunicación de FASE CGT